Comentario

Una de las grandes paradojas del bienio 1934-35 la constituye el hecho de que la CEDA, el grupo más numeroso del Parlamento, tardase casi un año en incorporarse al Ejecutivo. Los cedistas nunca dudaron de que su finalidad primordial era alcanzar el Poder por la vía parlamentaria, para conducir luego un giro autoritario del régimen, al final del cual muchos de sus militantes esperaban que se produjera una restauración de la Monarquía o una dictadura corporativa similar a las de Portugal y Austria. La estrategia de la CEDA se estructuró en tres fases. En la primera, brindaría apoyo parlamentario a gobiernos minoritarios basados en el Partido Radical, con participación de otros partidos republicanos del centro y la derecha. A cambio de este apoyo, los cedistas exigirían el cumplimiento del programa mínimo revisionista con el que había concurrido con agrarios y monárquicos a los comicios de noviembre de 1933. En una segunda etapa, la Confederación entraría en el Gobierno, con lo que el Parlamento pasaría a estar firmemente controlado por una mayoría de centro-derecha, capaz de desarrollar un más amplio programa de revisión de la legislación social-azañista. Finalmente, una CEDA convertida en fuerza hegemónica de la coalición gubernamental estaría en condiciones de exigir al jefe del Estado la entrega del Poder a un Gabinete de mayoría conservadora y presidido por su líder, Gil Robles, que amparado por una Constitución reformada en sentido antidemocrático, profundizaría el giro derechista del régimen. Pero, pese a lo elaborado de esta estrategia, fue preciso un auténtico chantaje parlamentario para que el centro-derecha republicano se aviniese a concluir un pacto de gobierno con la CEDA. Esta colaboración, que no gustaba a nadie, pero que venía impuesta por la fragmentación del Parlamento, hizo que la evolución del Consejo de Ministros fuera muy accidentada, hasta el punto de que durante el bienio se sucedieron diez gabinetes, con una media de duración de 72 días, que cubren tres etapas bien diferenciadas.
a) Etapa de predominio radical:

El 16 de diciembre, Lerroux asumió por segunda vez la presidencia del Consejo al frente de un equipo ministerial basado en el PRR, del que habían desaparecido los republicanos de izquierda y entraban, por el contrario, un liberal-demócrata y un agrario. Esta combinación ministerial duró poco, al verse condicionada por los inevitables ajustes que conllevaba la búsqueda de una mayoría parlamentaria estable. Pero la disidencia de la fracción radical-demócrata dentro del PRR, que encabezaba Martínez Barrio, acarreó su dimisión y la de otros ministros, lo que forzó a Lerroux a una reorganización de su Gabinete, realizada el 3 de marzo. La crisis del radicalismo, que sufrió una sangría de diputados, derecha parlamentaria y basto un enfrentamiento con Alcalá Zamora, que se negaba a ratificar la Ley de Amnistía impuesta a los radicales por la CEDA y aprobada por las Cortes el 20 de abril, para provocar la caída del Gabinete. En el Consejo de Ministros del día 23, Alcalá Zamora intentó que el Gobierno devolviese la Ley a las Cortes, para su rectificación, pero los ministros se negaron al unísono y sólo admitieron introducir algunas cautelas adicionales para controlar posibles abusos en la aplicación de la medida de gracia. Como el artículo 84 de la Constitución obligaba a que las actuaciones del jefe del Estado estuvieran avaladas por, al menos, un ministro, Alcalá Zamora tuvo que firmar la ley y remitirla al Parlamento, pero la acompañó de un largo escrito personal, en el que exponía serios reparos jurídicos al texto. El Gobierno consideró que el presidente de la República le había retirado su confianza, y dimitió.

Enfrentado a una crisis de enorme gravedad, el jefe del Estado recurrió a un diputado radical, Ricardo Samper, quien con el consentimiento un tanto forzado de Lerroux formó el 28 de abril un nuevo Gabinete de centro republicano, que obtuvo el visto bueno de la CEDA. Al Gobierno Samper se le otorgaba corta vida, tanto por la debilidad de su base parlamentaria -unos 125 diputados de los cuatro partidos sobre un total de 470, tras la escisión del radicalismo en mayo y julio- como por la falta de peso político de sus miembros. Sin embargo, fue el segundo en duración del bienio y realizó una considerable labor, de tono generalmente moderado, pese a tener que hacer frente a las continuas exigencias revisionistas de los cedistas, cuyo apoyo le era vital, y a una conflictividad social creciente, culminada en la huelga general campesina del verano. La caída del Gabinete fue provocada por la pérdida del apoyo de la CEDA, que deseaba iniciar la segunda fase de su estrategia de conquista del poder entrando en el Ejecutivo, y que utilizó para ello la crítica a la pretendida falta de energía de Samper en la cuestión "rabassaire" el conflicto de competencias planteado entre el Gobierno y la Generalidad catalana acerca de la Ley de Contratos de Cultivo autonómica.

b) La etapa radical - cedista:

Abiertas las consultas presidenciales, la izquierda republicana y socialista presionó a Alcalá Zamora para que se decidiera incluso a disolver las Cortes antes que entregar el Poder a un Gabinete con ministros de la CEDA. Pero el jefe del Estado se atuvo al juego de las mayorías parlamentarias y encargó la formación de Gobierno a Lerroux, quien no tuvo más remedio que aceptar la colaboración gubernamental de la CEDA. Durante el siguiente año, radicales, cedistas, agrarios y liberal-demócratas garantizarían con su presencia en el Ejecutivo la estabilidad de la mayoría parlamentaria, pero no la de los breves gabinetes que se sucedían, afectados tanto por las disensiones entre sus miembros como por la hostilidad del presidente de la República, temeroso de que el avance político de la CEDA supusiera un peligro mortal para el sistema democrático. El tercer Gobierno Lerroux, constituido el 4 de octubre de 1934, incorporaba a tres cedistas, escogidos de entre los que podían provocar menor rechazo entre los republicanos. Amparado por una coalición parlamentaria estable, éste fue el Gobierno de vida más larga del bienio, pero su trayectoria fue muy accidentada. Apenas constituido, los nuevos partidos republicanos de izquierda, la Unión Republicana (UR), de Martínez Barrio, e Izquierda Republicana (IR), de Azaña, le manifestaron su abierta hostilidad. Más violenta fue la reacción de las organizaciones obreras y de la Generalidad de Cataluña: como veremos más adelante, las primeras desencadenaron a las pocas horas de la formación del Gabinete el movimiento revolucionario que llevaban meses preparando, y la segunda encabezó una maniobra secesionista para constituir un Estado catalán.

Vencidas ambas tentativas, cedistas y republicanos se dividieron ante el tema del castigo a los responsables, que fue durísimo en el caso de los revolucionarios obreros y acarreó la suspensión del régimen autonómico en Cataluña. El 7 de noviembre, la minoría parlamentaria de la CEDA condicionó su apoyo al Gobierno a la dimisión del ministro de Estado, Samper y del ministro de la Guerra, el también radical Diego Hidalgo, acusados unánimemente por la derecha de haber posibilitado con su imprevisión y falta de energía el estallido de la insurrección. La crisis se resolvió el día 16, con la dimisión de ambos.

Mientras, el tema de la represión del movimiento de octubre seguía sin cerrarse. El 3 de abril de 1935, los ministros cedistas se negaron a suscribir el indulto gubernamental de las condenas de muerte decretadas por un Consejo de guerra contra González Peña y otros dirigentes revolucionarios, y estalló la crisis final del Gabinete. La negativa de la CEDA a seguir en el Ejecutivo y su amenaza de ejercer la oposición en las Cortes movió a Lerroux a solicitar al presidente de la República la suspensión de las sesiones de la Cámara y a encabezar un Gobierno extraparlamentario, que fue calificado de doméstico, por estar integrado casi en exclusiva por miembros del PRR. La suspensión de las Cortes sólo podía durar un mes, y en tan breve plazo, los radicales pudieron darse cuenta de que era imposible un retorno a los gobiernos de centro-republicano. Lerroux se vio obligado a transigir y negoció con Gil Robles, Martínez de Velasco y Melquíades Álvarez un acuerdo completo acerca de un programa de gobierno, tras lo cual, los cuatro partidos recompusieron la coalición a costa de otorgar más carteras a cedistas y agrarios o, lo que es lo mismo, de derechizar aún más la composición del Consejo de Ministros. Este Gobierno, formado el 6 de mayo, respondía por primera vez al equilibrio de fuerzas de la mayoría parlamentaria, favorable a la CEDA, y ello, junto con la permanencia en él de Gil Robles, parecía garantizar por fin la estabilidad tan necesaria para la labor gubernativa, que recibió un impulso considerable. Pero los problemas se acumularon rápidamente. A la incompatibilidad personal entre Alcalá Zamora y Gil Robles se unió la distinta visión del centro y de la derecha sobre la reforma de la Constitución y sobre la devolución a la Generalidad catalana de las competencias de autogobierno que le habían sido suspendidas tras los sucesos de octubre de 1934. Cuando esta última cuestión provocó la dimisión del anticatalanista ministro de Marina, Antonio Royo Villanova, el 17 de septiembre, Lerroux aprovechó para disolver un equipo ministerial con el que le resultaba sumamente incómodo gobernar y renunció a seguir al frente del Ejecutivo.

El agrario Martínez de Velasco y el radical Santiago Alba intentaron formar Gobierno, pero tropezaron con dificultades insalvables. Finalmente, tras hacer pública en la prensa una nota amenazando con disolver las Cortes, Alcalá Zamora forzó el consentimiento de los jefes de la coalición a un Gabinete presidido por un hombre de su confianza, el financiero Joaquín Chapaprieta, un liberal que actuaba en política como independiente. Obsesionado por reformar la Administración, reducir el gasto público y equilibrar el Presupuesto, Chapaprieta procedió, al formar Gobierno el 25 de septiembre, a la refundición de varios Ministerios, con lo que redujo las carteras ministeriales a disposición de los partidos, a pesar de lo cual amplió la coalición gobernante, integrando por primera vez en los gabinetes republicanos a un ministro de la Lliga Catalana.

El estallido, en octubre, del escándalo del estraperlo, que afectó al crédito político del PRR, minó las bases del Gobierno, obligado a dar estado parlamentario a un caso de corrupción que afectaba a alguno de sus miembros. La condena política que sufrió entonces el radicalismo obligó a Chapaprieta a modificar el Gabinete el 29 de octubre, del que salió un Lerroux muy afectado por el escándalo.

c) Los gobiernos técnicos:

El hundimiento de los radicales convenció a Gil Robles de que había llegado su hora. El líder de la CEDA aprovechó la oposición de la derecha a los proyectos de reforma fiscal de Chapaprieta para retirar el apoyo de su minoría al jefe del Gobierno quien, falto de otros respaldos políticos substanciales, tuvo que dimitir. Pero el presidente de la República se negó a amparar la toma de control del Ejecutivo por una fuerza no republicana como era la CEDA y, tras intentar varias combinaciones con personalidades leales al régimen, adoptó una que suponía la marginación de la coalición hasta entonces gobernante: encargó la formación de un Gabinete a Portela Valladares, hombre de su confianza, liberal sin partido y mal visto por los conservadores. El Consejo de Ministros constituido el 15 de diciembre retornaba a la línea centrista de los primeros gobiernos del bienio y ya no incluía representantes de la CEDA, mientras que los dos ministros radicales fueron desautorizados por la dirección de su propio partido. Como era de esperar, este Gabinete extraparlamentario, cuyo presidente y la mayoría de sus ministros ni siquiera eran diputados, no llegó muy lejos. El 31 de ese mes, Portela lo reorganizó, prescindiendo hasta de los radicales, lo que, pese a mantener el apoyo de los minúsculos PRP y PDL, incrementó su carácter técnico o apartidista. El ciclo del segundo bienio se cerraba como empezó, con un Gobierno de centro republicano, pero en condiciones muy distintas, porque ahora no había una mayoría parlamentaria dispuesta a respaldarle. Antes de que las Cortes lo derribaran, el presidente de la República firmó el 7 de enero de 1936 el decreto de disolución de la Cámara, y encomendó a Portela la misión de organizar las elecciones.